Residentes de larga duración de parques de caravanas se enfrentan a desalojos: en Gales, las autoridades aplican medidas coercitivas por incumplimiento de vivienda asequible; en Australia, inquilinos son expulsados tras cambios de propiedad o por planes turísticos.
Ridgeway Resort en Manorbier, Gales
Las autoridades del Parque Nacional de la Costa de Pembrokeshire iniciaron medidas coercitivas contra el parque de caravanas Ridgeway Resort (anteriormente Buttyland) en Manorbier. El motivo es el incumplimiento de las condiciones de un permiso de construcción otorgado en 2021, que exigía la transferencia de terrenos para 14 viviendas asequibles a la autoridad local de vivienda. A mayo de 2025 se habían instalado 17 caravanas estáticas, 16 ocupadas, pero la transferencia del terreno no se había realizado. El Comité de Desarrollo aprobó iniciar un procedimiento judicial para exigir el cumplimiento.
Kirra Beach Tourist Park en Gold Coast, Australia
Una pareja de ancianos que vive en el parque turístico Kirra Beach en Gold Coast debe abandonar su parcela antes de junio de 2028. El ayuntamiento planea devolver los siete parques al alquiler turístico a corto plazo, habiendo ya comprado alrededor de 10 millones de dólares en propiedades a residentes permanentes. La pareja rechazó una oferta de 60.000 dólares porque no puede permitirse el alquiler en el mercado abierto, donde el precio medio alcanza los 850 dólares semanales.
Rose Gardens (Acclaim Rose Gardens) en Albany, Australia
Unos veinte residentes de larga duración del parque de caravanas Rose Gardens (también conocido como Acclaim Rose Gardens) en Albany, Australia Occidental, fueron desalojados tras la venta del terreno a un nuevo propietario a principios de 2025. El nuevo propietario, RAC Tourism Assets, compró el terreno al gobierno estatal en régimen de propiedad absoluta. Se ofrecieron pagos únicos de hasta 25.000 dólares australianos, pero algunos – incluido un inquilino con cáncer – se quedaron sin vivienda permanente. El desalojo fue posible debido a contratos de arrendamiento mensuales que, según la Ley de Parques Residenciales de 2006, no protegían a los inquilinos ante un cambio de propietario del terreno.